El derecho administrativo regula las relaciones entre los ciudadanos, empresas y administraciones públicas. Ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, organismos estatales y entidades públicas pueden dictar resoluciones que afectan directamente a los derechos e intereses de las personas. En nuestro despacho somos especialistas en derecho administrativo, y defendemos a particulares, autónomos y empresas frente a sanciones, reclamaciones, expedientes, licencias, contratos públicos y resoluciones administrativas.

La Ley 39/2015 regula el procedimiento administrativo común y establece derechos y garantías mínimas de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas.

Recursos administrativos

Cuando una administración dicta una resolución desfavorable, no siempre es definitiva. En muchos casos puede recurrirse mediante recurso de alzada, recurso potestativo de reposición o recurso extraordinario de revisión, dependiendo del tipo de acto y de si pone o no fin a la vía administrativa.

Nuestro despacho estudia la resolución, analiza los plazos, identifica los defectos formales o materiales y prepara el recurso con una argumentación jurídica sólida. En derecho administrativo, los plazos son esenciales: dejar pasar el tiempo puede suponer la pérdida de oportunidades de defensa.

Sanciones administrativas

Defendemos a nuestros clientes frente a sanciones impuestas por administraciones públicas en materias como urbanismo, tráfico, consumo, medio ambiente, actividad empresarial, licencias, subvenciones, extranjería, contratación pública o normativa sectorial.

Una sanción administrativa debe respetar principios como legalidad, proporcionalidad, tipicidad, presunción de inocencia y derecho de defensa. No basta con que la administración afirme que se ha cometido una infracción; debe probar los hechos y tramitar correctamente el expediente.

Responsabilidad patrimonial de la Administración

Cuando una persona sufre un daño como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de una administración pública, puede tener derecho a reclamar una indemnización. Es lo que se conoce como responsabilidad patrimonial de la Administración.

Estos casos pueden producirse por caídas en la vía pública, mal estado de aceras, daños causados por obras públicas, errores sanitarios en servicios públicos, funcionamiento defectuoso de servicios municipales o perjuicios derivados de decisiones administrativas indebidas.

Para reclamar con garantías es necesario acreditar el daño, la relación de causalidad y la responsabilidad administrativa. Nuestro despacho prepara la reclamación, recopila pruebas, informes médicos, fotografías, testigos y documentación económica.

Vía contencioso-administrativa

Cuando la vía administrativa no ofrece una solución satisfactoria, puede acudirse a los juzgados y tribunales contencioso-administrativos. Representamos a nuestros clientes en procedimientos judiciales contra resoluciones administrativas, sanciones, inactividad de la administración, denegaciones de licencias, reclamaciones patrimoniales y actos administrativos perjudiciales.

Por qué elegir un abogado administrativo

El derecho administrativo es un área técnica, sujeta a plazos estrictos y procedimientos específicos. Una alegación mal planteada o un recurso fuera de plazo puede comprometer seriamente la defensa del cliente.

Nuestro despacho ofrece una defensa rigurosa, clara y estratégica frente a la administración. Analizamos cada expediente, explicamos las opciones reales y trabajamos para proteger los derechos e intereses de nuestros clientes.